Ni los chafarotes se atrevieron a tanto

Definición: chafarote es una espada ancha, corta y a menudo curva. De manera informal, sobre todo en Centroamérica, se usa como término despectivo para referirse a un oficial tosco, ignorante o sin educación, y suele aludir a un miembro pomposo del ejército. En otras palabras, a todos ellos. 

 Para mis amigos que me preguntan: ¿qué está pasando en mi país de origen, El Salvador? 

  La situación es compleja, dolorosa… y profundamente arraigada en la historia. Para entenderla, hay que mirar un poco al pasado. Desde la independencia de España en 1821, Centroamérica vivió una fuerte concentración de poder en manos de las familias criollas que lideraron la ruptura con la corona. 

  Ese poder no se distribuyó: permaneció en las élites que controlaban la tierra y los medios de producción. El Salvador no fue la excepción. Aun así, existía algo que se asemejaba a una democracia burguesa, con presidentes civiles respaldados, y vigilados, por el estamento militar.

   Todo cambió en diciembre de 1931. El ministro de Defensa del gobierno civil orquestó un golpe de Estado y se instauró como dictador. Apenas un mes después, en enero de 1932, comunidades indígenas del occidente del país se alzaron exigiendo derechos básicos que les habían sido negados durante generaciones. La respuesta del gobierno fue brutal, desgarradora: masacró comunidades enteras en un episodio que la historia recuerda como “La Matanza” de 1932.  

    La dictadura militar que comenzó entonces se prolongó, de una forma u otra, hasta octubre de 1979. Algunos dirían, yo me incluyo, que ese periodo no terminó realmente hasta 1984, cuando se eligió por primera vez a un presidente civil. Tras el golpe de 1979 que derrocó al último presidente militar, el país fue gobernado por juntas compuestas por militares y civiles, en una transición tensa y frágil. Así, El Salvador soportó décadas de dictaduras militares crueles y opresivas. Cada cierto tiempo, los “chafarotes” organizaban elecciones donde siempre ganaba otro “chafarote”. 

     Cuando los abusos se volvían insoportables, ellos mismos impulsaban golpes de Estado para reajustar el sistema. En algunos casos, esos reajustes trajeron ciertos avances, como el golpe de 1948, que dio origen a la Constitución de 1950 y a algunas de las pocas leyes de protección ambiental y lo que posteriormente se les llamo los artículos pétreos que son los derechos inalienables contemplados en la constitución. 

   Durante todo este periodo, las élites económicas, los multimillonarios que históricamente han concentrado el poder, utilizaron a los militares como su brazo de control, como un ejército de ocupación. La resistencia armada conformada por estudiantes, obreros y campesinos comenzó en los años setenta un tanto romántica y fraccionada. Finalmente, en 1980, varios grupos guerrilleros se unieron en una coalición, inicio una guerra de resistencia y liberación lo que desembocó en una guerra civil que duró 12 años. Fue un conflicto devastador, que dejó heridas profundas. 

    En 1992, se firmaron los Acuerdos de Paz, marcando el fin de la guerra y el inicio de una etapa de democracia formal, frágil y limitada, basada en la Constitución de 1983 (heredera, a su vez, de constituciones anteriores como las de 1961 y 1950). Pero esa democracia nunca logró consolidarse plenamente. 

    Se vio debilitada por la confrontación constante entre los poderes del Estado, que bloqueaban la gobernabilidad, y por otros factores igualmente graves. Entre ellos, el crecimiento de las “maras”, bandas criminales que tomaron control de barrios y comunidades enteras, sembrando miedo y desesperanza. Estas estructuras tienen raíces en comunidades de salvadoreños inmigrantes en ciudades como Los Ángeles, que al ser repatriados masivamente encontraron en El Salvador un terreno fértil marcado por la desigualdad y la exclusión.

     A esto se sumó otro golpe devastador: la corrupción abierta y descarada de muchos gobiernos civiles de los partidos políticos que tuvieron acceso al poder después de la guerra. La desilusión fue creciendo, el cansancio también. En ese contexto, surgió un líder carismático que se presentó como una alternativa distinta, una esperanza. 

    En 2019, ganó la presidencia con una popularidad sin precedentes. Su determinación para enfrentar a las maras ha sido, sin duda, uno de los aspectos más reconocidos de su gestión. Sin embargo, muy pronto comenzaron a evidenciarse tendencias autoritarias. El 9 de febrero de 2020, el presidente ingresó a la Asamblea Legislativa acompañado por el ejército y la policía, en un acto que sin duda puede interpretarse como una amenaza directa al orden democrático. Con el tiempo, su movimiento logró controlar la Asamblea Legislativa, lo que le permitió desmantelar contrapesos institucionales, incluyendo la Corte Suprema de Justicia, concentrando un poder cada vez mayor en la figura presidencial. 

    En marzo de 2022, se instauró un “régimen de excepción” con el argumento de combatir a las maras. Aunque inicialmente fue respaldado por muchos debido a la reducción de la violencia, este régimen se ha extendido hasta hoy, incluso cuando esa violencia parece estar bajo control. Lo que comenzó como una medida extraordinaria se ha transformado en una herramienta de control. Bajo este régimen, se han restringido libertades fundamentales: voces críticas han sido silenciadas, algunas mediante encarcelamientos, otras a través del exilio forzado. 

    La libertad de expresión se ha visto seriamente afectada. Mientras tanto, han surgido denuncias preocupantes: concentración de riqueza entre allegados al poder, deterioro de los sistemas de salud y educación, daños ambientales en nombre del progreso, y decisiones económicas que afectan a comunidades enteras. Todo esto genera una sensación amarga de déjà vu, como si el país repitiera ciclos que nunca logró romper. 

   

   Lo más inquietante es que incluso prácticas que las dictaduras del pasado evitaban, como manipular abiertamente la Constitución y sus cláusulas pétreas, mantener en secreto total las acciones del gobierno, hoy parecen normalizarse. 

    Y quizás más preocupante aún: algunas voces que antes defendían el Estado de derecho ahora justifican estas acciones arbitrarias como necesarias. Las noticias más recientes hablan de condenas internacionales y acusaciones graves, incluso de crímenes de lesa humanidad. Frente a esto, la reacción oficial ha sido rechazar las críticas, desestimarlas como falsas o fabricadas. 

    Duele decirlo, pero hay ecos del pasado que resuenan con fuerza en el presente. Es como si la historia insistiera en repetirse, como si, una vez más, no hubiéramos aprendido. El irrespeto a la institucional es tal que ni los chafarotes se atrevieron y eso que mantenían el mismo poder que el aprendiz de dictador goza hoy día.